Escribe Pablo Anzalonepanza

Artículo publicado en contratapa del Semanario Crónicas 12 agosto 2016

Uruguay generó un camino de transformaciones estructurales en la salud con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Está lejos de haber alcanzado todos sus objetivos pero constituye un marco conceptual y estratégico fundamental. Entre otras cosas planteó que las políticas de salud deben ir más allá de la atención a la enfermedad actuando sobre sus determinantes con amplia participación de la sociedad toda.

La elaboración por parte del MSP de los Objetivos Sanitarios Nacionales es un gran paso para el desarrollo de políticas proactivas sobre los principales problemas de salud. Sin embargo su consecución requiere de un Plan Nacional de Salud con líneas de acción claras, con indicadores que permitan medir avances, resultados y pendientes, y en el que todos los actores involucrados asuman compromisos. Este proceso debería culminar con la firma de un Compromiso por el Derecho a la Salud.

Durante décadas tuvimos un modelo de atención asistencialista, hospitalocéntrico, sin prevención ni promoción, sin objetivos ni planes, basado en el lucro, que confundía calidad con tecnología y hotelería y no construía equipos de salud. El SNIS se propuso cambiar esta situación pero las experiencias de un modelo diferente todavía no se han generalizado. Es preciso romper con el paradigma de instituciones aisladas que sólo se responsabilizan de la atención a la enfermedad de sus afiliados. Hay que pensar en la familia, en el barrio, en la comunidad y en los territorios como ámbitos privilegiados de las políticas de salud. Faltan nuevas herramientas legales que establezcan la complementación de servicios.

1) Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles requieren políticas integrales

Los uruguayos/as enfermamos y morimos principalmente de enfermedades crónicas evitables, claramente relacionadas con las condiciones de vida y los hábitos. Mala alimentación, sedentarismo, tabaquismo, consumo abusivo de alcohol, son las principales causas. Las cifras del país en mortalidad por cáncer, problemas cerebrovasculares y cardiovasculares duplican las del contexto regional. Como se hizo con el tabaquismo es necesario construir políticas públicas de impacto para promover hábitos y condiciones de vida que protejan la salud. La fábrica de enfermos que suponen los estilos de vida predominantes es una amenaza grave para el sistema de salud exigiendo cada vez más recursos. Un barril sin fondo. Un modelo integral debe poner énfasis en la prevención y la promoción, incluyendo regulaciones y medidas de impacto que reviertan algunos procesos.

2) La salud de la infancia como prioridad

Se lograron grandes avances en la salud infantil, pero subsisten problemas importantes. La mortalidad infantil alcanzó los niveles más bajos de su historia. Es el resultado de muchos esfuerzos realizados en la atención a la salud de embarazadas y niños/as y en la mejora de su situación social. Sin embargo la pobreza infantil continúa siendo un nudo crítico de la situación social y sanitaria del Uruguay. ¡Mientras la pobreza a nivel general bajó a menos del 10% de la población, en la infancia se duplica y alcanza a 33% de los niños menores de 2 años! Además, si miramos por territorios constatamos que la desigualdad se ahonda. La prematurez y la malnutrición son problemas serios todavía. Cepal señala que Uruguay es el país de América Latina con mayores desigualdades sociales en la maternidad adolescente, un contraste con los avances sociales alcanzados. Esas condiciones de vulnerabilidad se concentran en zonas y en familias donde se dan los mayores índices de natalidad. Los déficit en salud infantil comprometen las posibilidades de desarrollo cognitivo, educativo y de una integración social saludable. No es un problema abarcable desde un sólo sector público, sino que exige compromisos de trabajo conjunto de la Protección Social, Salud pública y privada, Educación, Cuidados, familias y comunidad. Es momento de definir nuevas acciones que eliminen la pobreza infantil y aseguren una atención de calidad a la infancia cualquiera sea su condición social.

3) Una política pública de alimentación saludable

Uruguay presenta problemas de malnutrición por déficit y por exceso, uno de los determinantes principales de las enfermedades crónicas no transmisibles. En obesidad infantil, Uruguay tiene la segunda cifra más alta de A. Latina. Nuestro país registró el mayor incremento en el continente de consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados con altos contenidos en sodio, azúcares y grasas (OPS, 2014). Y los resultados están a la vista: de 2006 a 2013 aumentaron la obesidad y el sobrepeso de 56% a 64% de la población, 8% en apenas siete años. La hipertensión arterial pasó de 30,4% a 38,7% de la población en el mismo período. Las glicemias altas llegan al 7,8%.

Necesitamos una ley marco sobre el derecho a la alimentación saludable, que defina las grandes estrategias del país sobre seguridad y soberanía alimentaria, apoyándose en las mejores tradiciones nacionales y la experiencia internacional al respecto. Hay que estimular la producción familiar y orgánica de frutas y hortalizas, y su consumo habitual haciéndolo más accesible a todos los hogares. Mientras el agro creció mucho, el sector hortifrutícola se redujo un 20% entre 2005 y 2014. Las campañas educativas para promover consumos saludables y prevenir los otros deben incrementarse. Los programas de “merienda saludable” son un buen disparador para problematizar toda la alimentación infantil. Se requieren políticas que incluyan a la industria con miras a establecer compromisos hacia la disminución de los niveles de sodio, grasas y azúcares en los alimentos, con objetivos y metas cuantificables y la incorporación de tecnologías apropiadas. Como en el caso del tabaco es conveniente establecer gravámenes a los productos con niveles altos de cualquiera de esos ingredientes, ya sea por vía de impuestos o mejor aún la aplicación de tasas cuya recaudación se vuelque a la promoción de la alimentación saludable. La reglamentación de la Ley 19307 de Comunicación Audiovisual debe aplicar los criterios de la OMS evitando la publicidad de este tipo de alimentos y promover las “Campañas del Bien Común”. La información al consumidor es una estrategia clave en estas campañas a desarrollar de diversas formas. Una, muy importante, es el etiquetado obligatorio que informe al consumidor sobre los niveles altos de sodio, azúcares y grasas en los alimentos, como han hecho varios otros países.

4) La Salud bucal: una postergación a revertir

Uruguay tiene un gran déficit acumulado en salud bucal. El modelo curativo, con pago de bolsillo y atención privada segmentó el acceso a la atención odontológica y privó a gran parte de la población de esa atención que es un derecho. La salud bucal no ha sido encarada adecuadamente por el SNIS. Es preciso integrar plenamente las prestaciones en Salud Bucal al Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), con etapas programadas. Esas prestaciones deben estar en los contratos de gestión, jerarquizando la prevención, con Planes de Acción que utilicen el pago por metas asistenciales. Se trata de fijar como objetivo sanitario que todos los uruguayos puedan acceder a una atención digna de su salud bucal.

5) Salud mental: un gran desafío

La salud mental es otra área históricamente postergada de las prestaciones de salud. Hubo avances en la incorporación de algunas prestaciones en salud mental al PIAS, aunque es preciso culminar su integración plena. El cambio del paradigma actual de internación, eliminando la manicomialización, y construyendo una atención ambulatoria adecuada, basada en el respeto a los derechos humanos, requiere una nueva ley y un formidable plan de trabajo.

Si logramos cumplir con estos objetivos la salud daría un gran salto en calidad.

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